La plataforma de inversión sueca Maha Capital está gestionando ante las autoridades estadounidenses la aprobación necesaria para entrar en el sector petrolero venezolano a través de una participación minoritaria indirecta en una empresa controlada por Petróleos de Venezuela (PDVSA), informaron fuentes de la propia firma.
Paulo Thiago Mendonca, presidente del consejo de administración de Maha, dijo a Reuters que la compañía tiene plazo hasta mayo para decidir si ejerce una opción que le permitiría adquirir una participación mayoritaria en una filial de Novonor, propietaria de 40 % de PetroUrdaneta, una empresa con activos petroleros subdesarrollados en Venezuela.
De concretarse la operación, Maha marcaría una de las primeras entradas de una firma extranjera en la industria petrolera venezolana desde que el presidente estadounidense Donald Trump promoviera inversiones tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.
“Estamos siguiendo de cerca las indicaciones de Estados Unidos para ver cómo proceder”, declaró Mendonca, subrayando la necesidad de recibir luz verde de Washington antes de avanzar con la transacción.
Los yacimientos terrestres que integran PetroUrdaneta, ubicados en la cuenca de Maracaibo, alguna vez produjeron cientos de miles de barriles de petróleo diarios, aunque décadas de escasa inversión redujeron drásticamente esa cifra. 60 % de la empresa conjunta está en manos de PDVSA.
Mendonca consideró que Venezuela presenta oportunidades gigantescas para las compañías petroleras, citando las declaraciones de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre una posible reforma de la Ley de Hidrocarburos que, según ella, podría atraer nuevo capital e inversiones al sector.
La inversión proyectada por Maha no tiene una cifra pública anunciada, pero el plan contempla desarrollar campos petroleros históricamente rentables; PetroUrdaneta aún alberga recursos estimados en cientos de millones de barriles recuperables, aunque la producción actual está muy por debajo de sus niveles históricos.
La operación se enmarca en un entorno de cambios regulatorios y posibles licencias de sanciones emitidas desde Washington que buscan abrir gradualmente la industria energética venezolana a capitales privados extranjeros tras años de restricciones.
